1. Principio general de confidencialidad

Juan Antonio Martínez Almeida, abogado penalista colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, actúa bajo la denominación profesional Almeida Penalista y declara, como principio rector de su actividad jurídica, el deber absoluto de confidencialidad y secreto profesional respecto de toda la información, documentación o comunicación recibida de clientes, usuarios o terceros a través del presente sitio web, de medios electrónicos o de cualquier otro canal de contacto.

Este deber no constituye solo una obligación moral inherente al ejercicio de la abogacía, sino un mandato jurídico de orden público, derivado de los artículos 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 32 del Estatuto General de la Abogacía Española y 5 del Código Deontológico de la Abogacía Española, que establecen que el abogado debe guardar secreto de todos los hechos o noticias conocidos por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin limitación temporal ni territorial.

2. Alcance material de la confidencialidad

El compromiso de confidencialidad abarca toda información facilitada por el cliente, usuario o tercero, sea cual sea su soporte, naturaleza o medio de transmisión, incluyendo de forma no exhaustiva:

• Comunicaciones escritas, verbales o electrónicas mantenidas con el despacho.

• Documentos, informes, fotografías, grabaciones, correos electrónicos o mensajes instantáneos.

• Datos personales, profesionales, patrimoniales, familiares o judiciales.

• Información técnica, empresarial o estratégica perteneciente al cliente o a terceros implicados en un procedimiento.

• Cualquier hecho, suceso, opinión o circunstancia revelada en el marco de una consulta jurídica, incluso aunque no llegue a formalizarse una relación contractual.

Toda información será tratada con el grado máximo de reserva, integridad y secreto, y se considerará confidencial desde el mismo instante de su recepción, incluso si el contacto no deriva en la prestación efectiva de un servicio profesional.

3. Deber de secreto profesional

El secreto profesional constituye la piedra angular de la relación abogado-cliente y un elemento esencial de la función social de la abogacía.
De conformidad con el artículo 32 del Estatuto General de la Abogacía y el artículo 5 del Código Deontológico, el abogado:

• Está obligado a guardar secreto absoluto de todos los hechos, documentos, datos o comunicaciones conocidos por razón de su actividad profesional, tanto en interés del cliente como del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

• No podrá revelar información ni siquiera con el consentimiento del cliente, salvo cuando medie causa legal expresa o autorización judicial motivada.

• Mantendrá el secreto incluso después de haber cesado la relación profesional o la condición de abogado en ejercicio.

• Instruirá y exigirá a todos los colaboradores, pasantes, procuradores, peritos o asistentes que intervengan bajo su dirección el cumplimiento del mismo deber.

4. Confidencialidad en las comunicaciones electrónicas

El despacho Almeida Penalista utiliza medios digitales y electrónicos para la recepción y tratamiento de información jurídica, adoptando las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos y la inviolabilidad de las comunicaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del RGPD.

Las comunicaciones por correo electrónico (contacto@almeidapenalista.com) o mediante formularios web están protegidas mediante protocolo TLS/SSL de cifrado.
No obstante, se advierte al usuario de que ningún sistema de transmisión por Internet es completamente invulnerable, y que el despacho declina cualquier responsabilidad por accesos ilegítimos derivados de causas externas, fuerza mayor o vulneraciones de sistemas ajenos al control del responsable.

El envío de información sensible o documentación confidencial a través de medios electrónicos implica la aceptación expresa del riesgo residual inherente al uso de redes abiertas de comunicación, sin perjuicio de las obligaciones de diligencia y protección adoptadas por el despacho.

5. Tratamiento de la información confidencial

Toda la información obtenida será tratada con fines estrictamente jurídicos y conforme a los principios de:

• Legalidad y lealtad: los datos solo se tratarán para finalidades legítimas vinculadas al asesoramiento y defensa penal.

• Minimización: únicamente se solicitarán los datos estrictamente necesarios.

• Limitación de acceso: el acceso a la información estará restringido exclusivamente al abogado responsable y, en su caso, a colaboradores expresamente autorizados, sujetos al mismo deber de secreto.

• Integridad y conservación: los datos se conservarán de forma segura durante los plazos establecidos por la normativa deontológica y fiscal, y se eliminarán de manera definitiva cuando dejen de ser necesarios.

• Prohibición de cesión: ningún dato o documento confidencial será cedido a terceros sin causa legal o mandato judicial.

6. Deber de reserva frente a terceros y autoridades

El abogado no podrá ser obligado a declarar ni revelar información amparada por el secreto profesional, salvo en los supuestos previstos en la ley o cuando el propio cliente lo autorice expresamente y de manera indubitada.
Esta reserva se extiende a cualquier requerimiento de particulares, medios de comunicación o autoridades administrativas, y únicamente podrá levantarse mediante resolución judicial firme que supere el test de proporcionalidad exigido por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Constitucional.

7. Confidencialidad en relaciones precontractuales y consultas no formalizadas

Todo usuario que contacte con el despacho a través del formulario de la web, correo electrónico o vía telefónica, incluso aunque no llegue a contratar los servicios profesionales, goza de la misma protección de confidencialidad que un cliente activo.
La información transmitida durante la evaluación inicial de un caso o la exposición de antecedentes penales, familiares o económicos será custodiada con idéntico nivel de reserva, y su eventual eliminación se efectuará conforme al principio de minimización y al artículo 17 del RGPD (“derecho al olvido”).

8. Colaboradores y terceros con acceso a información

En aquellos supuestos en los que sea necesario colaborar con otros profesionales (procuradores, peritos, traductores, técnicos informáticos o auditores), se suscribirán acuerdos de confidencialidad y encargos de tratamiento que garanticen el mismo nivel de protección y reserva exigido al titular del despacho.
Todos los colaboradores estarán vinculados contractualmente por el deber de secreto profesional, extendido indefinidamente más allá de la finalización de la relación contractual o del asunto concreto.

9. Seguridad y custodia documental

El despacho aplica medidas de seguridad técnicas y organizativas basadas en un enfoque de riesgo, entre ellas:

• Cifrado de discos y contraseñas robustas para el almacenamiento digital.

• Copias de seguridad cifradas en servidores ubicados dentro del Espacio Económico Europeo (Hostinger International Ltd.).

• Control de acceso físico y lógico a los dispositivos de trabajo.

• Política interna de destrucción segura de documentos en papel mediante trituradoras de nivel P-5 o superior.

• Eliminación segura de archivos electrónicos mediante sobreescritura múltiple o software certificado.

10. Custodia y conservación de expedientes

De conformidad con el artículo 34 del Estatuto General de la Abogacía y el artículo 5.1.e del RGPD, los expedientes y documentos relacionados con asuntos jurídicos se conservarán durante el tiempo necesario para garantizar la defensa de los intereses del cliente y el cumplimiento de las obligaciones legales y deontológicas, con un plazo general máximo de cinco años desde la finalización del asunto, salvo que el cliente solicite su devolución o eliminación antes, y siempre que ello no contravenga las normas profesionales o fiscales.

11. Prohibición de uso no autorizado

Queda terminantemente prohibido a cualquier persona ajena al despacho copiar, reproducir, difundir o utilizar, total o parcialmente, la información confidencial obtenida a través de esta web o de las comunicaciones con el titular.
Cualquier infracción de esta prohibición podrá dar lugar a responsabilidad civil, penal o disciplinaria, conforme a los artículos 197 y siguientes del Código Penal y demás normativa aplicable.

12. Confidencialidad postcontractual

El deber de secreto y la obligación de confidencialidad subsisten de forma indefinida tras la finalización del servicio o la relación profesional, sin perjuicio del derecho del cliente a solicitar la devolución de documentos o expedientes.
El despacho mantendrá archivada la documentación mínima necesaria para atender posibles reclamaciones o requerimientos legales posteriores, siempre bajo las mismas garantías de seguridad y confidencialidad.

13. Responsabilidad y compromiso ético

Juan Antonio Martínez Almeida, en su condición de abogado penalista y titular de Almeida Penalista, asume personalmente la responsabilidad de velar por la integridad y confidencialidad de todos los datos e informaciones manejados, asegurando que ningún cliente ni usuario sufra perjuicio alguno derivado del tratamiento o divulgación de su información jurídica.

El despacho reafirma su adhesión al principio de independencia y honorabilidad profesional, conforme al artículo 2 del Código Deontológico de la Abogacía Española, y considera la confidencialidad no solo un deber legal, sino un compromiso moral inquebrantable con la libertad, la intimidad y la dignidad de las personas a las que defiende.

14. Ejercicio de derechos y contacto

Cualquier cliente o usuario que desee ampliar información sobre las garantías de confidencialidad o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición podrá hacerlo contactando con:

📩 contacto@almeidapenalista.com
📞 +34 623 92 69 49

Se atenderá toda solicitud con la mayor diligencia y discreción.

15. Actualización y vigencia

Esta Política de Confidencialidad entró en vigor el 29 de octubre de 2025 y se mantendrá vigente hasta su actualización o sustitución.
El titular podrá modificar su contenido para adaptarlo a cambios normativos, tecnológicos o deontológicos, publicando la versión actualizada en esta misma página.

Compromiso final

Almeida Penalista declara que ninguna estrategia jurídica justifica la vulneración del secreto profesional y que la confianza entre abogado y cliente constituye un espacio inviolable protegido por el ordenamiento jurídico.
Cada comunicación recibida, cada palabra escrita o cada documento entregado es tratado como si fuera una pieza única de la libertad del cliente, bajo el principio supremo de confidencialidad absoluta y lealtad profesional.